Brutal Represión Policial en Salta
Varios estudiantes heridos con palos, uno de ellos en la cabeza, y principio de asfixia a raíz del gas pimienta lanzado por la policía de Salta, quien también utilizó picanas eléctricas en la represión.
El Estado Salteño, desde el año 2004, se hace cargo íntegramente del sistema de transporte público en Salta, luego que los empresarios a cargo de las líneas fundieran el servicio y vaciaran las empresas.
Pero que el Estado se haga cargo del transporte no quiere decir que el sistema sea Estatal, por el contrario se conformó una empresa mixta llamada Saeta con sectores privados ¡Los mismos que fundieron y vaciaron el servicio! De esta forma, el gobierno de Romero salvó a los empresarios del transporte de la bancarrota; a través del nuevo esquema los salteños ponemos dinero de nuestros impuestos para subsidiar el transporte y los empresarios, devenidos en parásitos sociales, acumulan ganancias ficticias. No satisfechos con esto, y con el afán de sostener una tasa de rentabilidad elevada, los empresarios y los funcionarios estatales asociados recurren a toda clase de negociados: otorgan "premios" a las empresas que mejor servicio brindan, reciben el beneficio de sobreprecios "mal calculados" en el pago de subsidios y eliminaron la competencia de los remises informales.
En el marco de la crisis económica que está empujando por abajo de la línea de la pobreza a cientos de miles de argentinos, los empresarios y el gobierno decidieron a fines de año un reajuste tarifario. Eligieron la época de fiestas para tratar de no mover mucho las aguas y fijaron una audiencia pública no vinculante para el 15 de enero.
Las audiencias son antidemocráticas pues no se considera la opinión de la gente pero son un trámite legal necesario, fijado por ley, para poder aumentar la tarifa.
Año tras año, este mecanismo se volvió más antipopular y repudiado; las continuas denuncias que recaen sobre Saeta y la grave crisis económica que vive una de las provincias más pobres de país, hizo que la gente empiece a optar por el camino de la organización y movilización. Así, en la última audiencia, convocada para el 15 sólo se anotaron 20 personas... Vale la pena aclarar que los "usuarios" que participaron de la audiencia son burócratas barriales ligados al PJ y a la directora del ente regulador del transporte Adriana Pérez.
Teniendo en cuenta todos estos datos, y que la audiencia estaba convocada para las 8 de la mañana, desde el Centro de Estudiantes de Humanidades se convocó a un boicot a la audiencia. Desde esa hora un cordón de compañeros se apostó en el ingreso. Inmediatamente la policía actuó, empujando, agrediendo e intimidando a los estudiantes.
Media hora después se hizo presente en el lugar la señora Adriana Pérez invitando a pasar a la audiencia, ante la negativa de los estudiantes, la policía empezó a reprimir con gas pimienta en la cara, y un estudiante de historia de la U.N.Sa Francisco Colque tiene una herida por un palazo de la policía en la cabeza, varios alumnos fueron picaneados en medio de la refriega y fue detenido (y acusado de robo!) Elvio Torres un militante del partido obrero, y varios con principio de asfixia por los gases fueron hospitalizados llevados en ambulancias media hora después porque no había ninguna cerca.
Cabe destacar también que este gobierno continúa aplicando métodos de persecución, propios de la dictadura en cada manifestación que hay, llenando de policías de civil infiltrados y filmando y fotografiando a los manifestantes. Estos agentes de civil comúnmente llamados buchones, están siendo registrados por periodistas independientes para ser denunciados públicamente, con el fin de que se desmantele dicho aparato represivo y cesen esos métodos intimidatorios, que ya en la dictadura le costaron la vida a miles de militantes.
En la audiencia fueron vergonzantes las palabras de Javier David ex funcionario de Juan Carlos Romero y del hijo del Diputado Santiago Godoy, hijo homónimo de este, quien como funcionario a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y encargado de Relaciones Institucionales del Gobierno, dijo sin ponerse colorado que él “estaba ahí porque era usuario del transporte público” y destacó que su gobierno, el de Urtubey, otorgó 40 millones de pesos de subsidio a las empresas, lo que equivaldría a construir un hospital por año.
Cuando regresó del Hospital Francisco Colque ingresó a la audiencia a pedir que se suspenda, al igual que lo habían hecho otros militantes sociales, y que se denuncie la represión, ya que quien presidía la audiencia la funcionaria Adriana Pérez era la responsable directa de la misma, ésta dijo que la audiencia se había convocado para tratar el tema del boleto no de ninguna represión, “si es que la hubo” agregó hipócritamente. El Ministro de Seguridad Pablo Kosiner no se hizo responsable de nada tampoco.
El gobierno de Urtubey está acostumbrado a realizar este tipo de atropellos sobre la población porque quiere imponer a toda costa la política del tarifazo consistente en un aumento generalizado en los transportes públicos, que en Salta funcionan a través del mismo mecanismo parasitario que Saeta.
Informe: Alejandro Ahuerma
Fotos: Matías Argüello
Creen Uds. que por el hacho de escudarse detras de una supuesta representacion popular tienen la facultad de impedir todo. Lo que hicieron fue cometer un delito y como tal fueron "reprimidos" por la policia. Si la policia no se encarga de poner orden y permitir el correcto desarrollo de las actividades salteñas, ¿quien lo va a hacer? ¿Ustedes?.
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