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El mundo asiste, de nuevo, a una gigantesca exhibición de lágrimas de cocodrilo ante una formidable tragedia humana, cuyas raíces sociales y políticas la clase capitalista dominante se empeña en ocultar. Lo hace con tanta mayor intensidad cuanto que ahora está embarcada en disimular la explotación política de la tragedia, con vistas a acentuar su despliegue militar en la isla y más allá de ella.
Lo ocurrido es lo más cercano a una tragedia anunciada, y no solamente porque el sismo era previsible. Otros fenómenos, los huracanes, ya habían dejado a su paso un tendal de destrucción y de muerte que no se verificaron en otros países afectados por circunstancias similares – como el que ocurrió el año pasado en Cuba, con una destrucción económica sin precedentes, pero apenas cuatro muertos. O sea que las condiciones y estructuras sociales de Haití se prestaban para una tragedia humana, y que nada hicieron para remediarlas ni los gobiernos digitados por la ONU desde hace década y media ni la fuerza militar que ocupa la isla desde hace cinco años bajo el comando de Brasil ni la presencia de Argentina y de varios países latinoamericanos (aunque también de otros, como Corea del Sur o China). “Los terremotos de magnitud 7.0 –dice un espec! ialista (Financial Times, 14/1)–, no son inusuales; se produjeron 17 durante 2009. Pero muy pocos han tenido consecuencias terribles semejantes”. Es cierto que el terremoto fue tan devastador, opina otro científico, debido a que su fuente fue una profundidad vacía de cerca de diez kilómetros... muy cercana a la superficie”. Pero “Esta falla ha estado alojada durante los últimos 250 años, acumulando una presión gradual que ahora fue liberada en un solo terremoto de amplitud”. Todas estas previsiones no sirvieron para brindar al territorio latinoamericano que más ocupaciones militares sufriera durante doscientos años, por parte de las naciones avanzadas, ninguna de las protecciones urbanas y sociales que habrían sido necesarias. Lo peor aún está por llegar: “habrá nuevos estallidos durante varias semanas”, dice otro experto, así como “gran! des posibilidades de deslizamientos de tierras, que podrán causar daños en otras partes de la isla”.
¡Haití es la nación con más ONGs per cápita del mundo! –revela, en The New York Times, un comentarista (David Brooks) afiliado al centroderecha internacional (La Nación, 18/1). Con sus estructuras sociales y estatales destruidas por una injerencia imperialista incesante, “la espantosa situación del país más pobre y disfuncional de las Américas ya lo había transformado en el destino prioritario para todo tipo de organizaciones no gubernamentales”, agrega otro de los analistas de la misma especie (Moisés Naim). Semejante desmantelamiento político hace inviable la distribución más elemental de la ayuda humanitaria, que se apila mientras tanto en los depósitos a la espera de que el ejército norteamericano vuelva a ocupar por enésima vez Haití. La corresponsal de Clarín (18! /1) constató: “La cifras hablan por sí solas: apenas se rescataron 70 personas con vida desde el terremoto cuando las víctimas se cuentan por decenas de miles”. ¿Qué estuvieron haciendo, entonces, en estos cinco años, los ejércitos de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú que fueron encargados por la ONU para mantener el orden colonial del país, convalidar el derrocamiento de gobiernos electos y ejercer la represión interna que muchos de ellos tienen constitucionalmente prohibido en su países? Los ya dos mentados comentaristas del ‘establishment’ internacional han dejado por escrito el testimonio de la relación que existe entre la destrucción de la autonomía nacional de los países atrasados y la proliferación de ONGs, cuya función es ejecutar los planes de las asociaciones capitalistas que las financian.
Esta descripción de la situación haitiana permite entender el carácter de la intervención norteamericana, que podría llegar a 20 mil soldados y sumar el ingreso de contratistas militares privados (Blackwater) –algo que está muy cerca de la cifra del aumento reciente de tropas en Afganistán. La prioridad de Obama no es la asistencia humanitaria sino la prevención de un levantamiento popular o, en su defecto, una huida en masa de la población hacia Santo Domingo o las costas norteamericanas. Finalmente, no hay que olvidar que la mayoría de los haitianos reclama el retorno del presidente Bertrand Arístide, derrocado por el gobierno de Clinton. En momentos en que la situación humanitaria es absolutamente dramática, el gobierno norteamericano no ha habilitado la atención médica de los casos más desesperantes en su suelo.
¡Los progres de Estados Unidos le reclaman que no continúe deportando a los haitianos indocumentados! Pero la ocupación militar norteamericana no dejará de provocar crisis con los países de la fuerza de ocupación ya instalada desde hace cinco años. Esta fuerza, con los gauchos K a la cabeza, va a la desintegración; Sarkozy ya entró en choque con Obama. Si volvieran a producirse terremotos, según las previsiones (esta mañana hubo otro), las tropas norteamericanas podrían verse enfrentadas directamente con la masa de la población haitiana. Nunca hay que olvidar que el pueblo de Haití derrotó, a principios del siglo XIX, a las dos mayores flotas de la época – la de Napoleón y la británica.
Puesto que los ejércitos que ocupan Haití se encuentran allí para reprimir y no para ayudar, debemos reclamar que se vayan y que el dinero malgastado en ellos se aplique a la ayuda humanitaria. ¡Fuera la Minutash, fuera el Pentágono!
Que Cuba, Santo Domingo y Estados Unidos acojan para su tratamiento a todos los casos que reclaman urgencia y un tratamiento del que no se dispone en Haití. Los movimientos pacifistas norteamericanos podrían hacer una gran movilización nacional.
Que las centrales sindicales y los partidos de izquierda de América Latina formen comisiones de control de la ayuda y de su aplicación, junto a las organizaciones populares haitianas.
Que se emplee en las tareas de reconstrucción a los desocupados de Haití a cambio de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
Lo más importante del retorno electoral del pinochetismo a Chile ha sido el caradurismo político con que fue recibido por los ‘demócratas’ y ‘nacionales’ del continente. ‘Tudo bem’, coincidieron: Chile es una democracia, Piñera ganó limpio; dentro de cuatro años se vota de nuevo. Los mismos ‘progres’ y ‘nacionales’ que hostigan, desde su monopolio de los medios, a la izquierda revolucionaria porque no sabría distinguir entre ‘restauración conservadora’ y ‘revolución nacional’, o entre ‘progres’ y derechistas; esta misma gente reacciona con espléndida indiferencia ante el retorno nada menos que del pinochetismo, luego de dos décadas de gobierno centro-izquierdista. Piñera no ganó por una complicidad de extremismos con la izquierda revolucionaria (que en Chile simplem! ente no existe), sino por el servicio que le han prestado estos mismos ‘progresistas’ con una gestión de gobierno reaccionaria. La indiferencia ‘nacional y popular’ ante la victoria pinochetista pone de manifiesto los vínculos de clase que existen entre ellos –no en vano dominan, en ambas partes, los banqueros, los explotadores, los especuladores, que se han servido tanto de las dictaduras militares como de las democracias. La Concertación gozó del apoyo inamovible de la burocracia sindical de la CUT, incluso cuando el régimen electoral chileno excluía al partido comunista del parlamento.
Entre los ‘progres’ y ‘nacionales’ aún está vigente la tesis de que Allende fue derrocado por una provocación de ‘la ultraizquierda’, pero hoy ya no tienen ese pretexto. Al igual que en el pasado, la reacción derechista triunfó por la incapacidad del ‘progresismo’ para movilizar a las masas y por sus propios lazos: en 1973 con el golpismo, ahora con la derecha. La caída de Allende no fue responsabilidad de ‘la ultraizquierda’, que no fue la que nombró al Pinocho como ministro de Defensa y comandante en jefe, sino por el desarme compulsivo, ejecutado por la Unidad Popular, de los trabajadores dispuestos a defender el gobierno que habían elegido. En lugar de mirar para otro lado, los bolivarianos y nac & pop de América del Sur deberían convocarse en una asamblea general de emergencia.
Los pinochos volvieron al gobierno porque nunca fueron desalojados de las estructuras sociales y políticas dejadas por la dictadura pinochetista. Esto en primer lugar, como se acostumbra a decir en Estados Unidos. Piñera empezó robando en los desfalcos de los ‘80, pero llegó a los mil y pico de millones de dólares de patrimonio y al control de empresas claves bajo la ‘democracia’. El pinochetismo, como en España el franquismo, dejó bien atada su continuidad con una Constitución que los concertadores no quisieron anular –porque prometieron ser los continuadores del régimen. En este marco se desarrolló el entrelazamiento social y económico entre ‘progres’ y pinochos: el asesor económico del ‘concertador’ disidente, Enriquez Ominani (que sacó el 20% de los votos en la primera vuelta), se pasó en el segundo tu! rno a Piñera, porque gran parte de los planteos económicos de uno y otro son similares. Ahora Piñera promete hacer ‘la gran Sarkozy’, o sea llevarse como ministros a figuras destacadas de la Concertación. Como dijo Piñera, “la guerra fría quedó atrás” –las víctimas del pinochetismo fueron sus ‘daños colaterales’. La Concertación, ciertamente, entrará en una licuadora, pero el mismo Partido Socialista ingresará ahora en un período de crisis, como le ocurría en los viejos buenos tiempos. En Chile no se desarrolló una oposición política de contenido revolucionario; aún domina la tesis de apoyar el mal menor, que plantea el partido comunista y su coalición Podemos. Para las elecciones recientes negoció, con la Concertación, el desistimiento de algunos candidatos del PS para poder introducir parlamentarios propios.
No conocemos todavía la discriminación social y política de la votación, pero es seguro que el margen de votos que dio la victoria a Piñera salió del electorado democristiano. La DC se encuentra en un proceso de disgregación que es anterior a la derrota de su candidata ante Bachelet en las internas de la Concertación hace cuatro años. Un ala importante de la Democracia Cristiana propugnaba la alianza con el sector menos recalcitrante del pinochetismo –como se le atribuye a Piñera, quizá porque apoya el matrimonio gay (como Macri). Esta tendencia disolvente se profundizó a pesar de que, en esta ocasión, la Concertación sí llevaba a un candidato de su partido, Frei –un compromiso que no conformó a nadie. En resumen, la Concertación prefirió consumirse en su propia descomposición, incluso si esto aumentaba la! s chances de la derecha; esto vale en especial para el PS. Después de todo, los Piñera son un mal menor para ellos.
Una noticia muy difundida, el éxito económico de Chile y su capacidad para enfrentar la crisis mundial, oscurece la interpretación del resultado electoral. La cosa cambia cuando se ponen los datos al derecho: Chile fue el país más golpeado por la crisis, después de México, con una caída del 5% del PBI y una tasa de desocupación y subocupación del 15 al 20%. La derrota del gobierno es una expresión de esta realidad económica.
‘Empresario exitoso’, Piñera viene con un paquete de privatizaciones ‘grosso’; en primer lugar, de la estatal Codelco. El argumento es terminar con la corrupción; la realidad es que el desarrollo impresionante de los monopolios mineros, debido a la demanda de China, ha dejado a Codelco en inferioridad de condiciones para renovarse. La minera estatal brasileña Vale do Rio Doce ya ingresó en las mieles privatizadoras. La exigencia de China de que se bajen los precios de los minerales mete presión. Junto a la privatización de Codelco, Piñera promete aumentar las regalías que se cobran a los privados: un palazo de cal y una cucharita de arena.
La privatización de Codelco deberá superar la resistencia de las fuerzas armadas, que tienen una caja legal en la empresa y, por sobre todo, de los obreros mineros.
Bien entendida, la victoria de los pinochetistas no es el retorno del pinochetismo. La diferencia es de régimen político. La misma crisis mundial que los puso arriba, en poco tiempo los empujará abajo. Pero esto no exime de responsabilidad a los ‘progres’ y sus corifeos. El apoyo al mal menor conduce siempre, en última instancia, a la victoria del mal mayor. Es necesario construir una oposición socialista y revolucionaria sistemática.
De cualquier modo que se la disfrace, una devaluación de la moneda entraña siempre una confiscación de los ingresos de los trabajadores y una redistribución negativa de la riqueza nacional. Esto es lo que acaba de hacer Chávez al establecer dos tipos de cambio: uno de 2,60 bolívares, por dólar, una desvalorización del 21% (para productos alimenticios); y otro de 4,30 por dólar, una depreciación del 50% (llamado dólar petrolero). Se trata de un fenomenal golpe a las masas y un revés político enorme para la ‘revolución bolivariana'. Hay que agregar a esto dos tipos de cambio más: uno financiero, que se fija en subastas del Banco Central, que oscila entre 5 y 5,50 bolívares, y el negro, que sigue arriba de los 6 bolívares. A este desbarajuste de la economía es necesario agregar el apagón eléctrico que ha prov! ocado la reducción del agua de embalse y la cuestión de la inseguridad, que se cobra 15 mil vidas al año (94% por ajustes de cuentas). Mientras tanto, los principales contratos colectivos no se renuevan desde hace años; Chávez acaba de anunciar un aumento del salario mínimo similar a la devaluación más baja, pero muy inferior a la inflación real y, todavía más, a la prevista. La clase obrera se enfrenta a un gran desafío: enfrentar este ataque social e impedir que la crisis bolivariana sea explotada por la derecha, para lo cual debe crear una oposición propia al régimen. Las calificadoras y bancos internacionales saludaron la devaluación.
La devaluación estaba en la agenda de la realidad desde hacía mucho tiempo; el gobierno ha dilapidado fortunas en el intento de mantener fijo al bolívar en 2,15 el dólar. Por un lado, porque la inflación fue creciendo y ha llegado al 25-30% anual. Al devaluar, el gobierno confiesa el fracaso de los subsidios y de los mercados estatales para controlar los precios (hay un mercado negro de mercaderías oficiales). Un régimen social progresista no es aquel que compensa inflaciones galopantes con controles o subsidios a los precios, sino el que potencia el desarrollo de las fuerzas productivas mediante una planificación que involucre a las masas.
El cambio fijo estaba dislocando a la economía nacional, pues obligaba a la petrolera PDVSA a perder la mitad de sus ingresos (cuando transformaba los dólares en bolívares); los productores de oro habían amenazado, por las mismas razones, con cesar la producción de exportación. La distorsión llegó al punto que PDVSA comenzó a liquidar parte de sus ingresos en el mercado negro del dólar, algo manifiestamente ilegal, pero que le permitía engrosar su caja y también aplacar la cotización del dólar en el mercado paralelo. Para evitar el drenaje de dólares para la importación que provocaba el cambio fijo barato, el gobierno armó un verdadero desastre: emitió títulos públicos en bolívares pero que se pagan en dólares. Esto sigue ahora, aunque el precio de los títulos se fija en una subasta, con un ! gran beneficio para los compradores. La deuda venezolana sigue siendo una gran bicicleta que se revende en Nueva York con descuento; los dólares que se obtienen se liquidan en el mercado negro.
En el anuncio de la devaluación, Chávez denunció lo obvio: que la economía venezolana es rentista, o sea que depende del petróleo. Ni socialismo de siglo XXI ni capitalismo industrial – es la confesión del derrumbe de un nuevo planteo de nacionalismo burgués. La devaluación acentúa la estructura rentista, pues potencia los ingresos del petróleo. Para que esto no ocurriera, la devaluación debía haber ido acompañada con un impuesto progresivo a los grandes capitales y fortunas, y por el otro lado por un aumento equivalente a la devaluación de los salarios y jubilaciones. La devaluación no va a sustituir importaciones, porque la producción industrial equivalente no existe en Venezuela; para esto es necesario un plan y una centralización de recursos financieros, o sea la nacionalización de los bancos. Finalmente, este plant! eo supera la capacidad de acción de la camarilla militar y boliburguesa – como lo ha demostrado la purga por corrupción entre las elites banqueras del chavismo. Es posible que la devaluación reanime algunas acciones económicas con recursos fiscales, pero ellas no compensarán la mayor carestía que se abatirá sobre las masas.
Los izquierdo-chavistas, sean del stalinismo o del “trotskismo”, se han quedado con el rabo entre las piernas; han llevado a su gente a un impasse colosal. Pero la crisis desatada exige con urgencia que se convoquen a las instancias sindicales para elaborar un plan económico-político propio de la clase obrera y un plan de lucha.
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