sábado, 26 de agosto de 2006

Eran beneficiarios del plan Jefes y ahora son empleados públicos-LA NACION


Viernes 25 de agosto de 2006 -LA NACION
Decisión de la Legislatura

Eran beneficiarios del plan Jefes y ahora son empleados públicos

En 2007 entrarán en la administración porteña 2196 titulares del programa

La Legislatura porteña aumentó ayer casi el 24 por ciento de la planta transitoria del gobierno de la ciudad: incorporó por ley a ese régimen de empleo público a 2196 beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que cumplen funciones en dependencias públicas.

La norma, que tuvo 40 votos en favor –aportados principalmente por diputados del Frente para la Victoria, ARI, socialistas y de izquierda– y nueve en contra –de diputados de Pro–, traerá aparejado un gasto anual no inferior a 27 millones de pesos para el gobierno de la ciudad a partir del año próximo.

Pero la mayoría de los legisladores no reparó en estos argumentos. O simplemente aclararon que la erogación no provocará un alto impacto en el presupuesto local, porque sólo constituye el 0,33 por ciento de los 8000 millones aprobados para el ejercicio 2006.

En cambio, justificaron la medida en que “en la Capital, lejos de prestar servicios comunitarios por cuatro horas a cambio del subsidio de 150 pesos financiado por el gobierno nacional, los beneficiarios de los planes desempeñan tareas como cualquier otro empleado público en hospitales, escuelas y centros de gestión y participación, entre otros”.

La planta transitoria está integrada hoy por un total de 9239 trabajadores. Otros 100.549 agentes conforman la planta permanente de la administración de la ciudad.

Según dijeron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, trabajan en dependencias de la comuna 2196 personas como contraprestación por el cobro de los subsidios en cuestión.

Desde el 1° de enero de 2007, según lo establecido en la norma sancionada ayer sobre un proyecto original de Rubén Devoto (Desde Abajo), dejarán de percibir el beneficio y pasarán a tener un sueldo mínimo de 1028 pesos, el piso que -dijeron fuentes oficiales- cobra hoy un empleado de la planta transitoria de la Ciudad.

Durante la transición hasta el año próximo, o sea, en el último trimestre de 2006, las arcas porteñas deberán solventar una suma mensual no remunerativa de 250 pesos para cada beneficiario del programa, que se agregará al cobro del subsidio. Así lo ordena uno de los artículos de la flamante ley.

Será un gasto total de casi 550.000 pesos mensuales en octubre, noviembre y diciembre. Y a partir de enero próximo, de un mínimo de 2.257.488 pesos mensuales. Las partidas correspondientes deberán, según previeron los diputados en el texto sancionado, ser aprobadas en el presupuesto 2007.

"Yo simplemente fui un medio para sanear esta situación. Cada artículo de la ley fue debatido entre todos. No lo propuse por beneficencia, sino por convicción, para que todos estos trabajadores fueran reconocidos como lo que son. Trabajaron cuatro años como empleados públicos sin cobrar un peso. Muchos tienen estudios secundarios, otros tienen estudios terciarios. Son parte del país que se cayó", reflexionó Devoto.

Lo hizo al cerrar un debate en el que todos los oradores le reconocieron el mérito de haber sido el primero en observar la precaria situación laboral de los beneficiarios de los planes y en promocionar su reivindicación dentro de la Legislatura.

Impulso

El proyecto original del diputado luego fue modificado según una propuesta del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, y la iniciativa cobró impulso gracias al apoyo de la bancada oficialista.

"Quiero felicitar a estos trabajadores que han tenido la capacidad de movilizarse. Primero, para tener un plan; segundo, para organizarse socialmente, y tercero, para mostrar el camino a la política. Reconocemos esa lucha incorporándolos formalmente al sistema", expuso ayer Kravetz.

Al frente de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Juan Manuel Olmos se había encargado de dar un pronto y favorable despacho al proyecto para regularizar como empleados de la planta transitoria de la administración porteña a unos 3000 beneficiarios de los subsidios.

Según esa cifra estimativa, desarrollaron el texto de la ley los diputados, sobre la base de un informe realizado por la Dirección General de Empleo y Capacitación de la ciudad en agosto del año pasado que -según explicó el aliado al macrismo Jorge Enríquez, otro de los protagonistas de la jornada- reportó la existencia de 2921 personas con planes en dependencias oficiales. Anoche, el gobierno aclaró a LA NACION que hay 2196 personas en esa situación.

"Esta ley constituye una reparación jurídica. Los trabajadores que dan una contraprestación a la Ciudad por el plan que paga el gobierno nacional no hacen un servicio social o comunitario, sino totalmente laboral. Les han dado funciones, horarios y les dieron elementos de trabajo a disposición. Si este argumento jurídico no vale, les pido que especulen con el gasto que tendría la Ciudad si hicieran juicio y debieran abonarse sueldos atrasados, aportes patronales adeudados, etc.", exhortó Olmos a sus colegas.

En el recinto, unos 60 beneficiarios del plan que siguieron el debate -antes un grupo más grande había realizado una movilización frente a la Legislatura para reclamar la aprobación de la ley- estallaron en aplausos.

Por último, el diputado kirchnerista agradeció a Jorge Enríquez por también haber propiciado un trámite rápido al proyecto y haberlo refrendado en la Comisión de Legislación General, que preside.

A todos sorprendió el respaldo que el hoy aliado al macrismo dio a la iniciativa de Devoto, a quien sólo lo une haber compartido la fiscalía durante el juicio político a Aníbal Ibarra. Histórico conservador que rechaza las medidas populistas, podría decirse que ayer fue el día en que Enríquez se convirtió en progresista.

"He sido yo el primero en denunciar el esquema de verdaderas capas geológicas que ha desvirtuado la planta de personal permanente de la administración. Sigo sosteniendo y podría afirmar, aún sin datos actualizados, que los niveles de ausentismo y de sobreabundancia de personal son alarmantes en el gobierno porteño. Pero no soy un dogmático ni un ultramontano y no puedo justificar ni sostener una situación de injusticia de esta índole. A igual tarea, igual remuneración", aclaró.

El único discurso en contra se escuchó de boca del macrista Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio). "El Estado sigue incorporando empleados y paradójicamente los vecinos se quejan cada día más de la mala calidad de los servicios que presta la ciudad. En algunos sectores faltan agentes, en otros sobran: ahora van a incorporar 3000 empleados: no hay ninguna planificación", dijo.

Pero Borrelli y otros ocho diputados (sus compañeros de bloque Gabriela Michetti, Marcos Peña y Luciana Blasco; Diego Santilli, Silvia Majdalani y Alvaro González (Juntos por Buenos Aires); Carlos Araujo y Jorge San Martino, de Recrear) se quedaron solos al votar en contra de la ley. Otros 40 la respaldaron y quedó aprobada.

Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION


Puntos salientes de la ley

El cambio
§ Los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que cumplen funciones en dependencias del gobierno porteño serán empleados públicos en la planta transitoria.


Alcance
§ La ley abarca a quienes cumplen funciones desde antes del 30 de junio de 2006, tienen un año de antigüedad, poseen certificación de sus servicios y calificación positiva.


Primer paso
§ En el último trimestre de 2006, el gobierno porteño deberá abonar a los beneficiarios de los planes $ 250 mensuales, los que se suman al subsidio nacional de $ 150 que ya cobran.


Segundo paso
§ A partir del 1° de enero de 2007, los beneficiarios de planes serán incorporados a la planta transitoria en distintos puestos del escalafón, según una evaluación previa.

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